La Junta Comunitaria 1 se unió a funcionarios electos para criticar al estado de Nueva York y a dos compañías eléctricas por ignorar las necesidades de los residentes locales en la propuesta del proyecto que llevará energía renovable a la ciudad a través de la costa sur del Bronx.
Las críticas señalan que el compromiso del estado de cerrar cuatro plantas de energía altamente contaminantes para el 2035 es demasiado lento e insisten en que los residentes del sur del Bronx deben ser contratados en los nuevos “empleos verdes” que el proyecto crearía.
Las centrales eléctricas que los ambientalistas han criticado durante mucho tiempo, conocidas como “picos”, se activan cuando la demanda de energía en la ciudad es muy alta, por ejemplo, durante las olas de calor en el verano. El estado ha dicho que desmantelaría las instalaciones para 2035 como parte de los planes para establecer iniciativas de energía renovable que llevarían energía eólica, solar e hidroeléctrica a la ciudad de Nueva York, desde el norte del estado y desde Canadá a través del río Hudson. Los críticos sostienen que sería demasiado tiempo esperando un aire más limpio en el sur del Bronx, donde las tasas de asma son las más altas de la ciudad.
El senador estatal José M. Serrano instó al cierre rápido de las plantas.
“Debido a que hemos sido una comunidad que históricamente se ha visto afectada de manera desproporcionada, no debería haber instalaciones contaminantes en Port Morris o en Hunts Point, y todas deberían ser desmanteladas”, dijo Serrano, y agregó que los intentos de alejarse de los combustibles fósiles hacia la energía limpia “realmente deberían tener un impacto positivo en nuestras comunidades antes de que empecemos cualquier otra cosa en cualquier otro lugar, porque hemos tenido que soportar la peor parte durante tanto tiempo”.
Los activistas enfatizan que el sur del Bronx debería recibir algo a cambio de aquella nueva infraestructura planificada y que atravesará el vecindario como parte del proyecto de energía renovable. En la reunión virtual del 31 de marzo, el presidente Parks insistió en que la Junta 1 tenga voz y voto sobre cómo se distribuyen los fondos para el Champlain Hudson Power Express, para garantizar que se contrate a los residentes locales.
En junio, Transmission Developers e Hydro-Québec, la coalición detrás de ese proyecto, anunciaron un Fondo de Economía Verde de $40 millones para capacitar a las personas que viven a lo largo de su camino hacia el sur, para que puedan acceder a empleos verdes y para ayudar a las personas en “comunidades desfavorecidas y en primera línea”.
“No era seguro cuánto del fondo de energía verde se asignaría realmente a nuestro distrito”, dijo Parks.
El grupo de Power Express dice que generará más de 1,400 empleos sindicales en todo el estado, pero Parks argumentó que pocos habitantes del sur del Bronx pertenecen a ese sindicato. La junta quiere que aquellas oportunidades de aprendizaje sindicales sean realizadas por los residentes en la construcción del oleoducto.
Luego, la discusión en la reunión se centró en otro tema local candente: el plan de la ciudad de construir una nueva cárcel en Concord Avenue, la previa ubicación del Hospital Lincoln. Parks anunció que la obra se está instalando ahora, y que los residentes y negocios cercanos recibirán avisos, y que se utilizarán dispositivos de monitoreo para determinar si las casas en las cuadras cercanas corren el riesgo de sufrir daños estructurales mientras se construye la cárcel.
Parks dijo que le informaron que los residentes locales no serían contratados en el proyecto de construcción de $76.7 millones, en el cual Yonkers Contracting Company Inc. ganó la licitación.
En la reunión del Comité de Uso de la Tierra de la Junta 1, el 9 de marzo, los representantes de las organizaciones comunitarias del sur del Bronx instaron a la junta y a los residentes del área a oponerse a la cárcel, resaltando que todavía hay tiempo para presionar a la ciudad para que esta se reubique en un área en la calle 161, junto al complejo judicial.
“Todas las demás cárceles con sede en el condado se construirán adyacentes a los tribunales”, dijo Josephine Byrne, miembro de la Junta 1, en la reunión anterior. Los funcionarios de la ciudad han respondido repetidamente que el sitio en la calle 161 es inadecuado, y el edificio tendría que construirse a gran altura.
La asambleísta Amanda Septimo argumentó en la reunión del 9 de marzo que los miembros de la comunidad “quieren algo más aspiracional”. Estás escuchando a los miembros de la comunidad decir que no quieren que se construya una nueva cárcel en Mott Haven, y que la participación comunitaria en el plan de la ciudad ha sido inadecuada.
“Este proceso ha sido tan fallido”, dijo Septimo. “Hemos estado gritándolo a todo pulmón aquí. La ciudad debería volver reunirse y realmente hacerlo mejor”.
En la foto: En una conferencia de prensa en marzo, diversos activistas insistieron en que la Autoridad de Energía se comprometiera a poner una fecha límite más inminente para desmantelar las plantas de energía pico en la localidad.
Traducido por Natalia Sánchez Loayza.
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