Residentes y representantes de inquilinos de toda la ciudad, incluidos muchos del sur del Bronx, protestaron afuera de la oficina de la gobernadora en el centro de Manhattan el viernes, exigiendo que el estado proporcione $7.2 mil millones para las viviendas públicas en su próximo presupuesto.
Décadas de desinversión federal en la vivienda pública han provocado que las condiciones de vida sean miserables en muchos edificios de NYCHA, con fugas, cortes de gas, moho, falta de agua caliente y ascensores dañados. Las reparaciones necesarias costarán 40 mil millones de dólares, según NYCHA, cuyos edificios albergan a casi 400.000 neoyorquinos.
El proyecto de presupuesto estatal, que debe aprobarse antes del 1 de abril, actualmente solo contiene $500 millones para NYCHA. Sin embargo, los Residents to Preserve Public Housing y otros grupos están pidiendo $3.4 mil millones en fondos de capital, $2.8 mil millones en fondos operativos, una auditoría integral de gastos y $1 mil millones para viviendas públicas en otras partes del estado.
Sarah Blas, una madre de Staten Island, dijo que cuatro de sus seis hijos tienen asma crónica y persistente por el moho en su complejo de NYCHA. La vivienda pública se asocia con las tasas más altas de asma infantil en la ciudad.
“Me toma nueve meses poder reparar el moho en mi apartamento”, dijo, con la voz temblorosa. “Estoy harta y cansada de tener estos mítines y estas mismas conversaciones. Estas son las vidas de nuestros bebés”.
A finales de febrero, NYCHA tenía más de 580,000 pedidos de reparaciones pendientes. Mientras tanto, la autoridad dice que solo puede manejar alrededor de 90,000 al mes.
Aunque la vivienda pública es financiada principalmente por el gobierno federal, la negligencia de Washington ha obligado a los defensores a recurrir también a los gobiernos estatales y municipales en busca de apoyo.
Los ingresos totales de NYCHA en 2021 fueron de solo $4.1 mil millones, incluidos $ 1 mil millones de los alquileres de los inquilinos, $ 2.4 mil millones del gobierno federal y $248 millones de la ciudad. El estado también contribuyó con $200 millones en presupuesto de capital, pero nada para el presupuesto operativo. Washington no aprobó el proyecto de ley Build Back Better el año pasado, que habría contribuido con $65 mil millones en fondos de capital para viviendas públicas en todo el país.
“Nunca he visto a ningún otro grupo de personas que paguen sus impuestos, pero que tengan que trabajar tan duro tan solo para obtener fondos”, dijo Princella Jamerson, líder de inquilinos de Mill Brook Houses en Mott Haven.
Jamerson dijo que los residentes de NYCHA a menudo son retratados injustamente como personas perezosas, cuando la mayoría son en realidad trabajadores contribuyentes. Alrededor de la mitad de los residentes son familias que trabajan, y muchos son personas mayores que dependen de pensiones o seguridad social, según NYCHA. Los residentes están obligados a pagar un tercio de sus ingresos en alquiler.
Los primeros proyectos de vivienda pública en la ciudad se construyeron durante la Gran Depresión y muchos más siguieron después de la Segunda Guerra Mundial, para albergar principalmente a veteranos blancos. Pero a medida que más personas de color comenzaron a mudarse en las décadas siguientes, el gobierno dejó de invertir en viviendas públicas, una medida que muchos residentes actuales ven como racista.
“La vivienda siempre ha sido un problema racial, al igual que con las escuelas, los empleos y los funcionarios electos”, dijo Ronald Topping, líder de inquilinos de John Adams Houses en Longwood.
NYCHA ha intentado abordar los déficits presupuestarios a través del programa Rental Assistance Demonstration y la propuesta Blueprint for Change, los cuales implican una mayor colaboración con el sector privado.
Bajo el Rental Assistance Demonstration, que comenzó en 2015, NYCHA ha transferido más de 9,500 apartamentos, aproximadamente el 5% de todas las unidades, a compañías de administración privada. Los residentes reciben vales de vivienda de la Sección 8 para pagar el alquiler a las empresas de gestión, que luego son responsables de realizar las reparaciones. NYCHA dice que las conversiones de la Sección 8 han ayudado a financiar las reparaciones necesarias y no afectan los derechos de los inquilinos.
Sin embargo, muchos inquilinos dicen que las empresas de gestión privada son aún menos responsables que NYCHA, y Human Rights Watch descubrió recientemente que las conversiones produjeron más desalojos en dos proyectos que estudió.
Algunos residentes piensan que, al privatizar la administración de edificios, NYCHA y su CEO, Greg Russ, se dirigen hacia la privatización a gran escala. Temen que esto los expulse de sus hogares y gentrifique sus vecindarios.
Patricia Woodall, residente antigua de St. Mary’s Houses en Mott Haven, está preocupada por la próxima conversión de su edificio a la Sección 8. Le dijeron que tendría que mudarse de su apartamento mientras las renovaciones están en marcha.
“Lo que dicen es que quieren embellecer St. Mary’s, pero una vez que todo esté embellecido y los apartamentos estén renovados, ¡no van a querer que regresemos!”, dijo Woodall.
En lugar de recurrir al sector privado en busca de ayuda, los residentes están instando a sus representantes electos a asumir una tarea técnicamente más simple, pero políticamente más difícil: financiar la vivienda pública.
De pie y frente a la oficina de la gobernadora, con un elegante conjunto deportivo rojo, Reginald Bowman, del Consejo de Presidentes de la Ciudad, que representa a los inquilinos de NYCHA, señaló los rascacielos del centro de la ciudad brillando bajo el sol de la mañana.
“No hay ninguna razón por la que, en 2022, podamos pararnos en medio de la riqueza y la opulencia, y luego nos vayamos a casa y tengamos que vivir en las condiciones de los edificios en los que vivimos”, dijo.
La evidente frustración en la manifestación también se notó en Hunts Point el viernes, cuando apareció un cartel en la pared de la oficina del concejal Rafael Salamanca, Jr., en Southern Boulevard. Mostraba un cuchillo con el nombre del concejal apuñalando un corazón que tenía escrito la frase “vivienda pública” sobre él.
La oficina del concejal Salamanca no quiso dar una entrevista.
Algunos defensores de la vivienda de NYCHA han criticado a Salamanca por sus recientes comentarios en una reunión del Consejo, en la que sugirió que la ciudad no debería financiar a NYCHA debido a su falta de responsabilidad en la realización de reparaciones.
El debate sobre el financiamiento de la ciudad para la vivienda pública probablemente se intensificará a medida que se acerque la fecha límite del 30 de junio para aprobar un presupuesto de la ciudad.
Foto: Peter Gill. Un cartel apareció en la pared fuera de la oficina del concejal Rafael Salamanca, Jr., en Southern Boulevard el viernes, que representa un cuchillo con el nombre del concejal apuñalando un corazón etiquetado como “vivienda pública”.
Traducido por Natalia Sánchez Loayza.
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