El caso de asilo de un residente de Mott Haven afectará otros casos de defensores de derechos migratorios, así como el futuro de su restaurante familiar
En medio de las acciones agresivas de la administración de Trump contra el sistema migratorio de asilo, un juez federal decidirá el caso de asilo de Marco Saavedra, un líder prominente en la comunidad inmigrante de Mott Haven. La decisión de deportarlo o no puede repercutir en los casos de otros defensores de derechos migratorios.
Saavedra, de 29 años, comparecerá ante la Corte de Inmigración el 7 de noviembre en Manhattan, para la audiencia final de su caso—que lleva más de seis años en proceso. Es miembro del «Dream 9», el grupo de nueve activistas indocumentados que salieron voluntariamente de Estados Unidos y regresaron en verano de 2013 a la frontera sur del mismo país en busca de asilo. La finalidad era—y sigue siendo—que cada uno arreglara su estatus inmigratorio de este lado de la frontera.
Además de activista, Saavedra es gerente de La Morada, el destacado restaurante familiar que lleva una década en Mott Haven. Es un sitio de encuentro para la comunidad inmigrante, defensores de derechos migratorios y amantes de la gastronomía oaxaqueña. El cierre de su caso, sin embargo, llega en un momento de incertidumbre para el negocio. Su familia dice que debido a la gentrificación están considerando mudarse a otra localidad el próximo verano.
Su familia emigró a Estados Unidos desde Ciudad de México en 1993, pero es originalmente de la Mixteca Baja de Oaxaca. Explica que por ser indígenas y pentecostales, vivían como «ciudadanos de segunda clase».
Ahora, para obtener asilo en el país donde ha vivido desde los tres años de edad, tendrá que comprobar que teme por su vida en México a causa de su raza, religión, nacionalidad, opinión política, o por ser miembro de un grupo social en peligro. Debe demostrar por qué las autoridades mexicanas son incapaces de protegerlo en cualquier parte de ese país.
Argumenta que su trabajo como defensor de derechos migratorios cuenta como «opinión política» y que si el gobierno estadounidense lo deporta, corre alto riesgo de tortura y abuso a mano del gobierno mexicano. Varios expertos en derechos humanos darán testimonio a favor de ese argumento en corte.
Entre ellos está Lynn Stephen, profesora de antropología en la Universidad de Óregon y ex presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha detenido a «muchos activistas mexicanos de derechos migratorios que trabajaron con las caravanas», elaboró Stephen al Mott Haven Herald por teléfono.
«Si [un defensor de derechos migratorios] es detenido y encarcelado, sea sentenciado o no, los riesgos de tortura y abuso son significativos», siguió. Incluso argumentó que miembros del crimen organizado podrían perseguirle a Saavedra, porque la defensa al migrante «interfiere en su modelo de negocio» de tráfico humano.
Stephen también citó un grupo de organizaciones de derechos humanos basados en México, que en abril de este año denunció la impunidad «casi universal» con la que las autoridades mexicanas torturan y violan a sus detenidos. Reportaron que la fiscalía especializada del Gobierno de México que investigó 8.335 casos de tortura el año pasado hizo sólo 17 acusaciones.
El caso de Saavedra también tiene apoyo político. Melissa Mark-Viverito, ex presidente del Concejo de la Ciudad de Nueva York, explicó en una declaración a la corte que lo apoya «con gusto» porque conoce a Saavedra desde 2013 cuando entró a La Morada por primera vez. Ahora Viverito es candidata al Congreso de Estados Unidos en el distrito que abarca Mott Haven, Nueva York-15.
Saavedra también ha buscado que Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, y Jumaane Williams, Defensor Público de la Ciudad, lo respaldaran en la última audiencia el 7 de noviembre. Todavía no se han comprometido a ello públicamente.
En caso de que pierda, Saavedra podrá apelar la decisión. De ser así, es probable que pase años más peleando su caso. Pero pese a la incertidumbre, mantiene su optimismo.
«El logro será grande si ganamos el asilo por expresión política—eso establecería un precedente [legal] para que otros activistas de derechos humanos peleen y ganen casos como el mío», reflexionó. «Asi que todos estamos conscientes del contexto en el que estamos».
Roman Gressier produjo este reportaje en inglés y español. Es periodista independiente que reporta desde el Sur del Bronx. También es estudiante en la Escuela de Periodismo de CUNY y antes era becario de investigación aplicada en el Instituto Vera de Justicia. Agradece los comentarios de sus lectores, por Twitter o por correo electrónico: roman.gressier@journalism.
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